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Las subastas de energías verdes, un triunfo para las eléctricas no verdes

  Moraleja: cruzar el río de la transición energética no puede depender de aquellos que tienen intereses en ambas orillas   Los autores de literatura apocalíptica se habían imaginado que una pandemia encerrase en sus casas a la mitad de la población mundial y provocase un colapso económico como el que estamos padeciendo. Para muchos ciudadanos el covid-19 es la primera distopía que ha saltado de las páginas de las novelas o las pantallas de los cines a su propia realidad. Esta distopía tiene dos dimensiones: la sanitaria y la económica. La primera deja ya más de 470.000 fallecimientos en el mundo, de los que España aporta algo más del 6%. La segunda es difícil de pronosticar, aunque el Banco de España apunta a una caída de entre el 9,5 y el 12,4% del Producto Interior Bruto (PIB) para el año en curso como consecuencia de lo que el Fondo Monetario Internacional ha denominado como “el gran encierro”. Inmersos en la desescalada, los gobiernos de todo el mundo han comenzado a pensar en qué mecanismos es necesario activar para salir de un pozo que se intuye más profundo aún que el provocado por la crisis de 2007-2014. En este contexto, el Consejo de Ministros del Gobierno de España remitió a finales de mayo a Las Cortes el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Empezamos bien. No son pocas las razones para apoyar el desarrollo de las energías renovables, que deberíamos denominar “energías no contaminantes” para acentuar su necesidad. La primera y más importante es que el cambio climático es el mayor desafío estructural al que nos enfrentamos global y localmente. Una vez que superemos la emergencia sanitaria retornará con fuerza a la conciencia colectiva la emergencia climática. Las fuentes no contaminantes son la principal palanca para producir la transformación energética. Este proceso es uno de los pocos que pueden atraer inversión y generar empleo digno a corto plazo. Empleos en un sector industrial (la propia emergencia sanitaria ha puesto en evidencia el valor estratégico de la capacidad productiva nacional, de la que no se puede prescindir) y carga de trabajo para la construcción y los servicios de operación y mantenimiento. Ese empleo se genera, además, en la España rural, es decir, actúa como un antídoto contra la despoblación. Pensar en una España rural dedicada exclusivamente a los trabajos agrícolas sería condenarla a la pobreza, a la desigualdad…y a la subvención. Ni tan siquiera cuando hemos necesitado mano de obra nacional para los trabajos agrícolas, los españoles, salvo excepciones, hemos aceptado el reto de trabajar en el campo. Las energías verdes vivieron su propia distopía económica cuando los gobiernos de Rodríguez Zapatero (PSOE) y Rajoy (PP) recortaron y eliminaron, respectivamente, las primas a las renovables, provocando la quiebra de muchas instalaciones y un alud de demandas internacionales contra el Gobierno de España. Para que la historia no se repita justo cuando las energías no contaminantes son más necesarias que nunca la regulación tiene que resolver dos grandes desincentivos. El primero es la lentitud en el proceso de despliegue de redes y puntos de interconexión y la obtención de los diferentes permisos, situación que se ha agravado en los últimos tres años. Las diferentes administraciones y empresas públicas tienen que hacer una revisión crítica del mismo. El segundo y más profundo es el precio. La caída de la demanda originada por la pandemia, unida al sistema de fijación de precios, ha provocado un desplome de la retribución de la generación superior al 50%. Una caída extraordinaria que, por cierto, no ha beneficiado a los consumidores finales, atrapados por un enrevesado sistema de tarifas, potencias y peajes, sino que se ha quedado en los bolsillos de las grandes comercializadoras. El gobierno ha querido resolver esta caída del precio con la aprobación mediante real decreto un nuevo sistema de subastas para la generación a través de fuentes renovables. Habíamos empezado bien, pero aquí seguimos mal. Esta decisión supone un triunfo para las empresas eléctricas que siguen conservando un parque de generación convencional porque evita la competencia de las renovables, por un lado, y mantiene el sistema de subasta para sus instalaciones, un modelo que les beneficia claramente porque les permite casar su oferta de generación con su cuota de comercialización, por otro. El sistema de subastas da una ventaja extraordinaria a todas las comercializadoras que tienen vendida esa energía al precio final que paga el consumidor, haciendo para ellas prácticamente irrelevante el precio ofrecido en la puja por los parques de generación que poseen sus grupos empresariales. Este sistema vuelve a unir de facto lo que la liberalización había separado de iure, evita la ruptura del oligopolio y dificulta la democratización de la generación eléctrica mediante la entrada de nuevos competidores. Ante este panorama provocado por la caída de la demanda cabe plantear el cierre acelerado de las plantas de generación contaminantes. Ni tan siquiera hace falta recurrir al argumento de que se trata de instalaciones amortizadas, cuya vida útil ha sido, además, extendida en muchos casos, sino simplemente al de que ahora tal parque resulta no solo innecesario, sino perjudicial. Lógicamente, como ya se ha visto con este último real decreto el lobby eléctrico no verde intentará retrasar al máximo tal cierre. Y a la vista del reciente éxito con las renovables no me extrañaría que lo lograse. Moraleja: cruzar el río de la transición energética no puede depender de aquellos que tienen intereses en ambas orillas.   Artículo publicado en El Confidencial

Bruc compra 50 MW al grupo Alter Enersun y suma ya más de 700 MW de energía solar

  Madrid, 27 de mayo de 2020.- Bruc, el grupo de energías renovables presidido por Juan Béjar, ha comprado a Alter Enersun una planta de energía solar fotovoltaica ubicada en Huelva. Los 50 MW ya operativos de esta instalación elevan a más de 700 MW la cartera de Bruc en explotación o en construcción. La transacción con Alter Enersun se ha realizado a través de uno de los vehículos de inversión en España de Bruc Management. El importe ha sido de 41,5 millones de euros. Esta operación se suma a las realizadas anteriormente por Bruc con el objetivo de alcanzar una posición relevante en el sector de la energía solar en España. La planta adquirida se denomina “Huelva 2020” y ocupa 95 hectáreas en el municipio onubense de Gibraleón. Sus 133.056 paneles solares suman una potencia instalada de 50 MW, que pueden producir 98 GWh al año, lo que supone el consumo de 30.133 hogares. Evitará la emisión de 18.735 toneladas de CO2 al año. Está sujeta al régimen de subasta con un precio garantizado. Bruc es una gestora de fondos de inversión en el sector de las energías renovables que cuenta actualmente con inversiones en activos fotovoltaicos en España y Japón. A pesar de que sus primeras inversiones se localizaron en Japón, donde tiene una cartera de 70 MW, ha tenido un rápido desarrollo en España en los últimos meses. Con la operación realizada con Alter Enersun suma ya 640 MW en explotación o en desarrollo en la Península Ibérica. Alter Enersun, liderada por su consejero delegado, José luis Morlanes, se constituyó en 2009 con la visión de convertirse en una de las primeras empresas de referencia en el sector de las energías renovables, específicamente en la producción de energía fotovoltaica sobre cubiertas, preferiblemente en Extremadura, Cataluña, Andalucía y Murcia. En la actualidad dispone de más de 140 instalaciones en cubierta en España y Portugal y desarrolla 1000 MW fotovoltaicos y eólicos.

Proyecto de ley de cambio climático, primer round

  Es una obviedad que la primera fuente de energía primaria de España es el sol, por delante del viento y el agua. Los objetivos previstos en el proyecto de ley de cambio climático y transición ecológica, aprobado por el Consejo de Ministros del Gobierno España el pasado martes día 19 de mayo, no podrán cumplirse sin un desarrollo muy relevante de la energía solar. El proyecto de ley establece los siguientes objetivos para el año 2030: Una reducción del 20% de las emisiones de CO2 respecto a 1990. El 35% del consumo final de energía habrá de proceder de fuentes renovables Un 70% de la generación eléctrica deberá proceder de energías renovables. Mejorar un 35% la eficiencia en el consumo de energía primaria. La declaración de zonas de bajas emisiones (ZBE) en municipios superiores a los 50.000 habitantes. El texto consta de 36 artículos distribuidos en nueve títulos. Es el resultado de un proceso de participación pública y revisión iniciado en febrero de 2019. Según el texto del Gobierno remitido a Las Cortes, recoge portaciones del Consejo Asesor del Medio Ambiente, el Consejo Nacional del Clima, la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático, la Conferencia Sectorial con las Comunidades Autónomas, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y el Consejo de Estado, entre otras instituciones. El documento aprobado por el consejo de ministros inicia ahora su trámite parlamentario. Dada la gran fragmentación existente en el Congreso de los Diputados y las enormes dificultades que el grupo socialista tiene para alcanzar mayorías parlamentarias, es muy probable que en su recorrido sea objeto de modificaciones relevantes, aunque inicialmente el Gobierno no está dispuesto a renunciar al gran objetivo de que España se convierta en el año 2050 en un país neutro en emisiones de carbono,  es decir, que antes de llegar a mitad de siglo el país solo emitirá la cantidad de gases de efecto invernadero (GEI) que sus sumideros puedan absorber. En el trámite parlamentario los grupos políticos deberán despejar la principal incógnita del proyecto: su financiación. El texto apunta de forma genérica a un “nuevo marco retributivo para la generación renovable, basado en el reconocimiento a largo plazo de un precio fijo por la energía”, con el que pretende ofrecer “previsibilidad y estabilidad en los ingresos al sector”. El nuevo marco retributivo se otorgará “mediante subastas en las que el producto a subastar será la energía eléctrica, la potencia instalada o una combinación de ambas, y la variable sobre la que se ofertará será el precio de retribución de dicha energía”. Distinguirá entre distintas tecnologías de generación en función de sus características técnicas, niveles de gestionabilidad, criterios de localización, madurez tecnológica y aquellos otros que garanticen la transición hacia una economía descarbonizada. Previsibilidad y estabilidad no son términos que se puedan aplicar, precisamente, a la historia de la regulación española en el ámbito de la energía. El sector de las energías renovables necesita que esa proclamada previsibilidad se transforme en seguridad jurídica, de tal forma que otorgue un marco estable de planificación y una rentabilidad razonable a inversiones que, dada la naturaleza del sector, requieren una perspectiva de largo plazo. La ley de cambio climático y transición ecológica es una nueva oportunidad para que el regulador, la industria, los financiadores y los consumidores encuentren el necesario punto de neutralidad.

La solar muestra un crecimiento enérgico

La energía solar está ganando protagonismo en el mix de generación del sistema eléctrico español, con la positiva contribución que ello supone en la lucha contra el cambio climático. Los datos de balance del ejercicio de 2019 recogidos por el operador del sistema, Red Eléctrica de España (REE), así lo acreditan.

El sol tiene el viento a favor

España tendrá que correr bastante si quiere cumplir con las expectativas contempladas en el Global Market Outlook For Solar Power 2019/2023 realizado por Solar Power Europe, una organización que representa a más de 200 organizaciones de las distintas partes de la cadena de valor de la industria de la energía solar. Este estudio apunta que, en un escenario medio

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